
14 de noviembre del 2025
El Consejo Nacional de la Judicatura concluyó con éxito el «Diplomado en Anticorrupción Aduanera», desarrollado como parte de un esfuerzo interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y la Dirección General de Aduanas, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el financiamiento del Gobierno de Canadá.
Esta iniciativa reafirma el compromiso conjunto de fortalecer las competencias técnico-jurídicas del funcionariado judicial, con el propósito de contribuir a una administración de justicia más eficaz, transparente y orientada al servicio público.
La mesa de honor estuvo conformada por el Magistrado Presidente de la CSJ, Dr. Henry Alexander Mejía; el Consejero Presidente del CNJ, Lic. Miguel Angel Calero Angel; el Director de la DGA, Lic. Benjamín Mayorga; la Jefa de la Oficina País de la ONUDC, Sra. Berta Nayelly Loya; y la Embajadora de Canadá en El Salvador, Sra. Mylene Paradis.
El evento contó con la presencia de los Magistrados de la CSJ: Mgdo. Héctor Nahún Martínez, Mgdo. José Ernesto Clímaco, Mgdo. Vicente Alexander Rivas, Mgdo. José Fernando Galo y Mgdo. Alejandro Quinteros. Asimismo, participaron los Consejeros Propietarios del CNJ: Lcda. Deysi Castillo de Escobar, Mtro. Santos Guerra Grijalba, Dr. Luis Alonso Martínez Menéndez, Mtra. Verónica Lissette González Penado y Mgdo. Carlos Wilfredo García Amaya.
El diplomado se ejecutó entre febrero y agosto de 2025, bajo una modalidad semipresencial y con una duración de 108 horas. El proceso formativo integró seis módulos especializados orientados a las áreas del Derecho Aduanero, el marco normativo vigente y los procesos administrativos y penales con enfoque anticorrupción.
Como resultado, 44 profesionales concluyeron satisfactoriamente su formación y recibirán el «Diploma de Aprobación» que acredita su participación. Entre los asistentes se encontraban jueces de la jurisdicción Contencioso Administrativo y Penal, colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo, así como personal de la Fiscalía General de la República y de la Dirección General de Aduanas.
Este cierre representa el fortalecimiento de capacidades especializadas que aportan a la integridad institucional y contribuyen a la mejora continua del sistema de justicia.
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